Impresiones después de La Haya

Por Samuel Fernández Illanes
Ex diplomático y docente Facultad derecho, Universidad Central

El fallo de La Haya, sin duda, ha dejado una sensación de desconcierto. Hasta ayer asegurábamos que la demanda boliviana no tenía fundamento, ni la Corte competencia. Ahora, el principal tribunal mundial no sólo ha decidido declararse competente porque existe una controversia, también ha descartado que sólo posea jurisdicción respecto de los actos unilaterales u ofrecimientos chilenos a Bolivia posteriores al Pacto de Bogotá de 1948, ampliando así sus atribuciones sobre asuntos previos ya resueltos. La sentencia fundamenta, además, que el Tratado de Límites de 1940 no contempla un acceso con soberanía a Bolivia, sólo transferencias de territorios a Chile y facilidades de tránsito a Bolivia, lo que no impide a la Corte examinar si hay o no obligación de negociarla de buena fe y con soberanía. Con ello, desestima el principal argumento chileno de que al hacerlo alteraría el Tratado.

Ciertamente en esta etapa no se ha resuelto el fondo de la controversia. Ahora proseguirá el juicio principal exclusivamente en relación a si Chile tiene la obligación o no de negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Al igual que con Perú, nos esperan tres o más años de un proceso caro y lleno de opiniones que pretenderán anticipar sus resultados. Por otra parte, el Presidente Morales proseguirá e incrementará su agresiva campaña política y comunicacional contra Chile, situación que -fuera de las declaraciones anticipadas de victoria- alejará aún más toda posibilidad de entendimiento con nuestro país.

Anticipar este resultado era algo muy predecible, por sobre las contumaces afirmaciones de autoridades, políticos, expertos y opinantes, quienes se parapetaron en el argumento de la total incompetencia de la Corte ante el amparo del Tratado de Límites de 1904, las fechas del Pacto de Bogotá y el Derecho Internacional de siempre. Muchos de ellos, hoy dicen que nunca lo sostuvieron y que incluso anticiparon sus resultados. Los pocos que desde un principio no fuimos optimistas, quedamos olvidados.

Ahora no queda más que analizar el porqué hemos tenido este resultado. Mucho se asegura que la Corte se politizó, que falla como Salomón o que Chile le es antipático. Es fundamental un análisis crítico al respecto, más allá de echarle la culpa al empedrado o autocomplacernos con que la Corte no obliga a Chile a ceder nada de su territorio, lo que es cierto, aunque todo dependerá de la sentencia final.

Muy probablemente escuchemos exigencias desmesuradas y vociferantes, como abandonar la Jurisdicción de La Haya -lo que no está contemplado por la Carta de las Naciones Unidas, pues es su Órgano Jurídico Principal- o insistencias sobre denunciar el Pacto de Bogotá, decisión que no incidiría en el Juicio, pues proseguirá en cualquier escenario. También se continuará afirmando que Chile no ha perdido nada. Todas estas reacciones son exageradas.

El fondo de esta sentencia revela que el Derecho Internacional, como todo derecho, ha evolucionado. Ya no es el de las normas rígidas e inmutables para lo acordado. Ahora se procura el interés general de la comunidad internacional, por sobre el exclusivo de cada Estado. Esto ha ampliado la jurisdicción de la Corte en función de la paz, la seguridad internacional y la solución jurídica de toda controversia. Los ejemplos están en los últimos fallos de este tribunal, incluida la sentencia en el pleito entre Perú y Chile de enero del 2014, y el que ahora comentamos. La búsqueda del equilibrio y la equidad han determinado, en definitiva, que ninguna parte obtiene todo a expensas de otra, ni excluye al propio Tribunal que es dueño de determinar su competencia.

Los 15 Jueces de la Corte, que representan los distintos sistemas jurídicos del mundo, son elegidos por la ONU, políticamente como en toda elección de sus órganos. De ahí que, en ese sentido, se decide por consideraciones no sólo jurídicas. Si bien todas sus sentencias son ajustadas al Derecho Internacional, debemos tomar en cuenta la condición evolutiva del derecho y los contextos para no seguir sorprendiéndonos por los fallos de la Corte, ni sostener falsas expectativas de triunfo.